El acceso a la información pública es un pilar fundamental de cualquier democracia que aspire a ser transparente y participativa. Sin embargo, y acorde con los últimos acontecimientos dentro del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de nuestra ciudad, esta garantía parece ser más una aspiración que una realidad tangible. En un contexto en donde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha ratificado en diversaas ocasiones el derecho irrestricto de las personas a acceder a información pública, la negativa del HCD a facilitar este acceso constituye un obstáculo significativo para el control ciudadano y la participación democrática.

Toda información en manos del Estado se presume pública, salvo excepciones muy bien definidas respaldadas por la ley y orientadas a proteger intereses públicos legítimos. Pese a ello, el HCD parece adoptar prácticas que limitan la transparencia, negando sistemáticamente el acceso a información clave bajo argumentos cuestionables, bloqueando así el escrutinio público.

El reciente incidente ocurrido en la última sesión ordinaria del Concejo, donde un vecino y exconcejal opositor fue retirado por un agente de policía que fue convocado al recinto por pedido del presidente del cuerpo deliberativo, por reclamar a viva voz, transparencia en los sueldos del personal jerárquico municipal, expone con claridad esta preocupante dinámica. Su petición pone sobre la mesa un debate necesario: ¿Cómo se distribuyen y administran los recursos públicos? La respuesta del Concejo, lejos de promover el diálogo, terminó en un acto de silenciamiento que alimenta el escepticismo ciudadano.

Este tipo de situaciones reflejan una preocupante falta de compromiso con el bien común y un deterioro en la calidad del debate político. El manejo de las diferencias internas se ha convertido en un obstáculo para el progreso, donde las disputas partidarias prevalecen sobre las necesidades de la comunidad. En lugar de generar consensos, el Concejo se estanca en confrontaciones que dejan sin respuesta problemas fundamentales.

Mientras tanto, las necesidades de la ciudad se acumulan. La falta de proyectos concretos para mejorar la calidad de vida de la población evidencia una gestión desconectada de las demandas sociales  (seguridad, recolección de residuos, reparación y mantenimiento de calles, mejora en el suministro de agua potable, iniciativas de capacitación laboral, apoyo escolar y asistencia a sectores vulnerables, etc.)

Resulta inadmisible que, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, el HCD persista en prácticas que erosionan la credibilidad y la participación. La transparencia no es solo un requisito legal, sino una herramienta indispensable para fortalecer la democracia y construir una relación de confianza con la ciudadanía.

Promover la participación ciudadana no significa simplemente abrir las puertas del recinto deliberativo, sino también generar las condiciones necesarias para que el debate sea inclusivo y constructivo. Esto implica no solo escuchar las demandas de la comunidad, sino también garantizar que cada acción y decisión esté orientada al bien común.

Es imperativo que el Concejo Deliberante recupere el rumbo, promoviendo la rendición de cuentas y poniendo a la comunidad en el centro de sus decisiones. Cumplir con su misión de representar y servir al pueblo no es solo una obligación legal, sino también un acto de responsabilidad política y moral. Transparencia y participación no deben ser aspiraciones lejanas, sino pilares concretos sobre los que se construya un futuro mejor para todos.