El reciente incremento de las tasas municipales en General Deheza ha generado un profundo malestar entre los contribuyentes. Aquellos ciudadanos que decidieron abonar sus tasas de manera anual, confiando en obtener un beneficio del 10% de descuento antes del 31 de diciembre de 2024, se enfrentaron a una dura sorpresa al descubrir aumentos que en algunos casos superan el 300%. Este panorama plantea una pregunta fundamental: ¿qué pasó entre la promesa y la realidad?

En el ámbito fiscal, el principio que rige el cobro de tasas es claro: “la obligación de pago se origina en la prestación estatal de un bien, obra o servicio que beneficia de manera concreta al contribuyente”. Sin embargo, este principio parece haberse desdibujado ante el desmesurado aumento aprobado en el presupuesto y tarifaria 2025, que incluyó incrementos del 60% en la tasa de vivienda y del 100% en agua durante su debate en el Concejo Deliberante. Ahora, con un impacto real mucho más elevado, la pregunta no es solo qué se aprobó, sino cómo se tradujo en una carga fiscal tan abrumadora.

Falta de transparencia y previsibilidad

El problema no radica únicamente en el aumento en sí, sino en la falta de claridad y transparencia sobre las decisiones que llevaron a estos niveles extremos. Durante el debate en el Concejo Deliberante, el bloque oficialista y HUxC dieron su voto positivo a un esquema que, aunque elevado, parecía moderado en comparación con lo que los contribuyentes están viendo en sus boletas. Esta desconexión entre lo legislado y lo aplicado sugiere una grave falla en la comunicación o en la ejecución del presupuesto aprobado.

El peso de la inflación y la gestión local

En un contexto inflacionario como el que vive Argentina, es entendible que las municipalidades deban ajustar sus ingresos para garantizar la prestación de servicios. Sin embargo, los aumentos deben guardar proporción con la realidad económica y, sobre todo, con la capacidad contributiva de los ciudadanos. Elevar tasas en más del 300% sin un plan claro de compensaciones o mejoras visibles en los servicios resulta insostenible y agrava la desconfianza en la gestión local.

Una oportunidad perdida para la participación ciudadana

Este caso también evidencia la necesidad de un mayor involucramiento de los vecinos en las decisiones fiscales. Si bien el Concejo Deliberante es el ámbito formal para debatir y aprobar estas medidas, la participación ciudadana efectiva podría haber evitado un escenario de sorpresa y malestar generalizado. Consultas populares o instancias de audiencias públicas podrían haber sido herramientas valiosas para legitimar cualquier ajuste.

Este caso no solo es un llamado de atención para las autoridades locales, sino también para los ciudadanos, que deben exigir una rendición de cuentas clara y una gestión más comprometida con sus realidades y necesidades.